El próximo 25 de mayo los ciudadanos de la Unión Europea estamos convocados a las urnas para votar en las elecciones al Parlamento Europeo. En Catalunya, esta cita electoral se puede convertir en el primer test que mida la fuerza del posicionamiento de los partidos políticos catalanes frente a la consulta que pretende convocar el President de la Generalitat Artur Mas el próximo 9 de noviembre. Por eso, es un buen momento para conocer el punto del que partimos. Y, en este momento, la única fotografía fiable que tenemos son los resultados de las últimas elecciones autonómicas, que se celebraron en noviembre de 2012.
Para ello, creo conveniente tener en cuenta un aspecto tan sencillo como es la estructura demográfica catalana. ¿No nos han dicho hasta la saciedad que lo que importa es conocer qué piensan los catalanes? Pues veamos primero quienes son los catalanes. Según el IDESCAT Catalunya tenía 7,5 millones de habitantes en el 2013, repartidos por las cuatro provincias de la siguiente manera: la provincia de Barcelona tenía 5,5 millones de habitantes que representan el 73,35%, la provincia de Tarragona tenía 810 mil habitantes que representan el 10,73%, la provincia de Girona tenía 761 mil habitantes que representan el 10,08% y, por último, la provincia de Lleida tenía 440 mil habitantes que representan el 5,84%.
En este sentido, la desigual distribución de la población ya supone, por si misma, un condicionante muy significativo a la hora de hablar del “pueblo de Catalunya” y de sus aspiraciones nacionales como un todo homogéneo. Esta enorme desigualdad en la implantación de la población por todo el principado se traslada con igual fuerza en la provincia de Barcelona. Según datos de la Autoritat Metropolitana de Barcelona, el 58,46% de la población de la provincia de Barcelona se encuentra ubicada en el área metropolitana de Barcelona y la capital catalana, con sus 1,6 millones de habitantes, concentra el 29,25% de la población total de Catalunya. Es decir, que Barcelona y su área de influencia representan el 42,88% de la población catalana. Por tanto, esta específica distribución de la población ya permitiría establecer una hipótesis alrededor de la configuración histórica de dos tipos ideales, según criterios weberianos, de ciudadanos. Si, además, analizamos cómo se ha ido estructurando socialmente la población de Barcelona y su área metropolitana, podemos profundizar, todavía más, en las dos lógicas históricas, sociales, económicas y políticas que conviven en Catalunya, sin ningún tipo de conflicto entre ambas aunque algunos medios de comunicación y algunos actores sociales se empeñen en hacer creer al resto de España lo contrario, denunciando una crispación generalizada que, a día de hoy, encuentro exagerada. El ejemplo del repulsivo incidente a Pere Navarro es una buena muestra de ese empeño.
Y esta diversidad demográfica también tiene su traducción política en el resultado de las últimas elecciones autonómicas. A nivel de toda Catalunya, el bloque nacionalista, a mi criterio formado por CIU, ERC y la CUP, obtuvo el 49% de los sufragios mientras que el bloque no nacionalista, formado por PSC, PP, ICV y C’s, obtuvo el 46%. Ahora bien, si disgregamos estos resultados en función de la distribución de la población catalana vemos que los porcentajes se invierten obteniendo el bloque no nacionalista un 49% en la provincia de Barcelona mientras que en el resto de Catalunya cae hasta un 34%. Estamos hablando de 15 puntos de diferencia que, en lógica electoral, es muy significativa.
Si además suponemos que parte del electorado de CIU no es independentista, si bien no tenemos datos concretos, cabe concluir que el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber permitido y promovido la consulta catalana, desde el principio. ¿Por qué? Por una variable tan sencilla como es la demografía. Con los resultados de las elecciones autonómicas al Parlament de Catalunya de 2012, está claro que si el gobierno de Mariano Rajoy hubiese promovido la consulta, a partir del momento en el que se planteó, hubiese salido el “no”.
Desde las masivas manifestaciones del 11 de septiembre de 2012 y 2013, se habla en nombre de “El Poble de Catalunya” con una facilidad tal que, en algunas ocasiones, raya lo frívolo. Declaraciones como que “El Pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida, sino en un camino sin retorno” (Jordi Turull de CIU el pasado 8 de abril en el Congreso de los Diputados) o el mismo “Full de ruta 2014 – 2015” aprobada por la Assamblea Nacional de Catalunya el pasado 5 de abril en Tarragona, por citar algunos ejemplos recientes, juegan a confundir a la ciudadanía, tanto catalana como española, sobre lo que realmente es y supone la consulta del 9 de noviembre y también, por desgracia, al Gobierno del Partido Popular, que ha caído de lleno en la trampa política que le han tendido los partidos nacionalistas: una cosa es estar a favor de realizar una consulta no vinculante en la que se tienen que pactar todos los puntos para su elaboración, realización y posterior análisis y otra muy distinta un referéndum de autodeterminación. Además, el Partido Popular se ha creído que todo aquel ciudadano catalán que quería ser consultado implicaba, automáticamente, un sufragio positivo a favor de la independencia de Catalunya. Lo grave de este análisis es que supone una enorme estrechez de miras por parte de todo el equipo de asesores del Partido Popular, que se supone que tendrían que realizar todo este tipo de análisis y estudiar todos los escenarios posibles, y da que pensar muy negativamente sobre el tipo de personas que nos están gobernando.
Porqué está claro que las dos últimas manifestaciones de la Diada no tienen su equivalente en la distribución demográfica de Catalunya, por muy masivas que hayan sido. Y si a esta variable demográfica el Gobierno se hubiese implicado con un total control y tutelaje sobre el proceso de definición de la consulta a partir de, por ejemplo, hablar siempre en términos de encuesta, participar activamente en la elaboración de la pregunta, marcar el calendario en todo momento, sentar los mínimos porcentajes de participación a partir de los cuales habría que empezar a tener en cuenta los resultados… Mariano Rajoy hubiese ganado la partida a los independentistas.
El problema estriba en que la inacción, mal justificada en la supuesta inviolabilidad de la Constitución de 1978, del Partido Popular está generando en Catalunya muchos más ciudadanos independentistas que nacionalistas. Y este matiz sí que es nuevo.
El próximo 25 de mayo veremos qué fuerza política tiene este nuevo mati
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