¿Economía colaborativa o la economía del morro?

La editorial de El País del 15/12 titulada “Demasiada precipitación” sobre la suspensión cautelar de las actividades de Uber en España que ha dictado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid legitimaría el sistema capitalista salvaje de toda la vida bajo la sutil trampa ideológica que se esconde bajo la supuesta nueva concepción “Economía colaborativa”.

Según Wikipedia, y cito textual, “El Consumo Colaborativo o Economía colaborativa es un sistema económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales. Se refiere a la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, redefinida a través de las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas maneras de medir la reputación de las personas”. Es decir, lo que toda la vida hemos hecho de “déjame este disco que me lo grabo” o “¿me puedes dejar el libro x para que me lo lea?, “te presto mi cortadora de césped“… pero multiplicado por infinito, que es lo único realmente nuevo que ha aportado internet. Ahora bien ¿es realmente así?

Tal y como se plantea la economía colaborativa es falso que se comparta un bien o se realice un servicio porqué sí, como en los ejemplos que acabo de citar. En el momento en el que, en algún proceso de la economía colaborativa, hay una transacción económica por el intercambio de bienes o servicios requeridos y, por tanto, hay alguien que se lucra es cuando empieza el problema de dicha economía porque deja de ser esa supuesta nueva y revolucionaria manera de relacionarnos económicamente para establecer una clásica relación entre cliente y proveedor.

Porque no es lo mismo Airbnb, que proporciona alojamiento para particulares a más de 10 millones de personas a partir de que un particular alquile de forma ocasional la casa en la que vive, que, por ejemplo, la creación de una red de viviendas por toda Italia cuando cursaba la beca Erasmus en Florencia (hace ya 18 años, es decir, nada nuevo) para que todos los Erasmus nos ahorráramos el alojamiento cuando queríamos ir a visitar otra ciudad. La única condición era que el estudiante alojador fuese alojado cuando viniese de visita a Florencia. La diferencia está clara: nosotros no nos lucrábamos, sino que compartíamos un bien en beneficio, y los inquilinos de Airbnb más los que gestionan la web (puros comisionistas ellos) sí.

Porque no es lo mismo un conductor de Uber que cobra por un servicio que cuando nos juntamos 5 estudiantes, en el primer curso de la Universidad hace ya la friolera de 21 años, lo digo por recalcar que la economía colaborativa no es nada nuevo, para ir en coche desde Barcelona a la UAB y sólo compartíamos los gastos de la gasolina.

Esta diferencia es substancial porque, en el momento en el que un inquilino cobra por alquilar su casa o un conductor cobra por hacer un trayecto con su coche, este pasa a ser un sujeto económico igual que cualquiera de los actores económicos que ya conforman el sector en el que opera. Y, por tanto, debe de estar sujeto a la legislación vigente que, en ese momento, defina los derechos y responsabilidades de las empresas de dicho sector ya que, si no, está haciendo competencia desleal al resto de empresas del sector.

Me parece, más bien, que bajo las connotaciones positivas que implican conceptos como flexibilidad, competencia beneficiosa para el usuario, nuevas soluciones a la crisis se esconde el intento de conseguir el paraíso capitalista donde la libertad absoluta rige el mercado porque no existe regulación ni intervencionismo estatal (¡qué malos son los legisladores!). Por tanto, cada uno decide sus condiciones laborales (no hay explotación laboral ni regulación de descansos), no hay cotizaciones sociales ni pago de tributos, tasas e impuestos (pero no es economía sumergida ¡ojo!) ni tampoco es necesaria ninguna formación para realizar la actividad económica solicitada.

Con esta crítica no estoy diciendo que los legisladores tengan que someterse a la voluntad, que podría llegar a ser arbitraria, de los lobbies. Es obvio que la inequidad y la ineficiencia de determinadas actividades económicas, el desperdicio que se genera en este sistema consumista que tiene como motor principal el voraz, ciego e irracional apetito por todo lo que sea nuevo, necesitan de nuevas e imaginativas respuestas. Pero en beneficio de todos, está claro que éstas sólo pueden venir, siempre, de parte de las instituciones públicas. Cualquier otra respuesta que no venga de los filtros públicos supone un retroceso a los inicios del capitalismo en los que los propietarios de los medios de producción tenían total impunidad sobre el resto de los mortales pues eran ellos los que mangoneaban el día a día de toda la sociedad, sin ningún tipo de control ciudadano.