La virulenta segunda ola de la pandemia del COVID-19 no sería un problema sanitario si no fuese porque todos los expertos están obsesionados con no colapsar el sistema sanitario utilizando medidas y haciendo recomendaciones que no tienen nada que ver con el sistema sanitario.
¿Realmente es comprensible que, a estas alturas de la pandemia, todos los países de la UE parezcan sorprendidos por esta segunda ola, la cual todos los expertos sanitarios habían pronosticado desde mayo – junio?
Lo siento, pero es inadmisible que esta virulenta segunda ola nos haya cogido desprevenidos otra vez. Y creo que se debe, en parte, por hacer caso de los expertos inadecuados, quienes, por el hecho de vestir bata blanca, se otorgan una autoridad bajo el gran paraguas de la ciencia a la que todos debemos obedecer de manera ciega. El problema de los expertos es que, muchas veces, su ámbito de conocimiento no le deja ver todas las aristas del problema. Y cuando se pretende solucionar todo el problema desde la perspectiva de su arista en concreto se acaba errando el diagnóstico.
Que Clara Prats, directora del grupo de investigación BIOCOMSC, sea capaz de predecir el número de contagios que va a haber en dos semanas es una muestra evidente de su valía como experta. Pero sus exitosos aciertos en esta área no la validan para dar recomendaciones de movilidad ciudadana para combatir la propagación del virus. En cambio, sí que le autoriza para hacer proyecciones de cifras de contagio en todas las comarcas de Catalunya. Pues que se dedique a eso que para eso es experta en eso y no en sistema sanitario o en salud pública.
Un experto en enfermedades infecciosas como el iluso y flamante exasesor del Govern de la Generalitat Oriol Mitjà, desconcertado por los políticos, que es médico de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses ¿tiene los suficientes conocimientos para decir que se regule mejor el teletrabajo o que se limite el acceso al metro? ¿Tiene conocimientos suficientes de economía, sociología, o derecho para avalar tales medidas? Me parece a mí que no. ¿No sería mejor que se dedicara a descubrir tests mucho más rápidos como ya lo está haciendo junto con un equipo del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol? ¿Ha investigado lo suficiente la propagación del coronavirus a través de los aerosoles?
El doctor Padrós, presidente del Col.legi de Metges de Barcelona, sigue obsesionado con evitar el colapso del sistema sanitario, pero ¿sabe lo que significa un nuevo confinamiento? ¿Es la reducción del número de contagios la única vía para evitar dicho colapso? Se nos ha dicho por activa y por pasiva que, hasta que no se encuentre la vacuna, hay que convivir con el virus. Centrarse en esas medidas es no ver la pandemia en su conjunto, es centrarse en el árbol que no deja ver el resto del bosque ¿Se ha preocupado por denunciar los recortes y la falta de recursos en Sanidad?
¿Alguno de esos tres expertos y tantos otros se han leído el nuevo Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2?
En el tercer párrafo de dicho real decreto (no en el vigésimo quinto párrafo ni en las disposiciones adicionales sino en el tercer párrafo) se especifica que el conjunto de medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, “dirigido a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda epidémica en cada territorio” Es decir, que se venían aplicando unas medidas que tenían éxito ¿Por qué se han dejado de aplicar? ¿Por qué no se ha dotado de mayores recursos a medida que iban aumentado los contagios? ¿No será que no hay recursos? ¿No será que dedicando sólo el 3,6% del PIB a ayudas directas contra la crisis derivada de la pandemia no se va a ningún lado?
Siguiendo en el RD 21/2020 del 9 de junio (es decir, de hace 5 meses y no de la semana pasada con números máximos de contagios cada día superando al anterior) las medidas previstas son para:
- Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
- Contener la progresión de la enfermedad.
- Reforzar el sistema de salud pública.
Así como para prevenir posibles rebrotes como, por ejemplo, esta virulenta segunda ola.
En el capítulo II del RD 21/2020 se especifican toda una serie de medidas de prevención e higiene centradas en la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la adecuación de los puestos de trabajo de todos los sectores de actividad económica para que sean espacios libres de COVID-19 a través de la desinfección, la ventilación y la proporción de EPI’s…
En el capítulo III sobre las medidas en el transporte se hace especial hincapié en la importancia de recabar información para contactos de todos los pasajeros.
En el capítulo IV se establecen medidas para garantizar el acceso a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud, controlando los stocks y los canales de distribución de dichos productos.
Si nos fijamos en estos tres capítulos, todo son medidas que tienen que adoptar la sociedad civil y los actores económicos. Podríamos decir que todas ellas son medidas que afectan al ámbito privado y que, por tanto, son responsabilidad de los ciudadanos, de las entidades de todo tipo y de las empresas. En estos ámbitos la responsabilidad de los gobiernos se circunscribe en asegurarse que la población recibe la información de manera clara y en sancionar a todos aquellos ciudadanos que incumplan dichas normas. Y sancionar no es lo mismo que reprimir. Lo digo porque es del todo inaceptable que, tal y como dice el doctor Oriol Mitjà, “la mitad de los contactos no cumplen el aislamiento” sin que se haga nada por sancionar a estos incívicos propagadores del COVID-19 pudiéndoles incluso aplicar delitos contra la salud pública.
El verdadero problema de la segunda ola de contagios del COVID-19 se encuentra en los capítulos V y VI del RD 21/2020, publicado el 9 de junio hace ya 5 meses. Insisto en ello para tener perspectiva del tiempo que parece que se ha perdido.
El capítulo V se centra en la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Los artículos 22, 23 y 24 se centran en la detección: “todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR (…) y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por la autoridad sanitaria competente”. Estando como estamos en la sociedad del BIGDATA ¿Cómo es posible que sólo se tenga información del 25% de los casos? Por no tener, no tenemos ni la trazabilidad del contagio del idolatrado doctor Argimon, Secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, quien no ha sido capaz de informar a la población de su propio rastreo. Es una vergüenza que a finales de octubre hayamos conseguido doblar la cifra de rastreadores, ahora que ya es tarde, con la ayuda del Ejército. ¿En serio no había recursos humanos suficientes con la cantidad de ciudadanos que están en el paro, con el Ejército… para poder reforzar la plantilla de rastreadores? Parece que nos hemos olvidado de dar respuesta a la que, en la actualidad, es la pregunta más importante de todas porque es la que permitiría adoptar medidas eficientes: ¿Dónde se contagian los ciudadanos? ¿Hemos identificado qué grupos de edad se contagian más y cuáles menos? Los grupos de edad que más se contagian… ¿Somos capaces de rastrearlos? ¿Somos capaces de saber qué áreas geográficas se contagian más y cuáles menos? Existe una correlación clara entre salud y enfermedad. Ahora resulta que el COVID-19 no entra en esta correlación cuando muchos de los brotes se producen en ambientes sociales desfavorecidos. ¿Se está actuando en dichas áreas sociales? No es posible adoptar todas las medidas que se están tomando sólo con información que proviene del 12,4 % de los casos diagnosticados, que son los que se ha podido obtener una trazabilidad, tal y como asume el Ministerio de Sanidad.
El capítulo VI se centra en las medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario. En el artículo 28 se especifica que las administraciones competentes, es decir, las consejerías de salud de cada Comunidad Autónoma y el Ministerio de Sanidad “garantizarán un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención de los casos y la vigilancia epidemiológica”. La pregunta es obvia: ¿Dónde están esos recursos? ¿Es concebible que a 31/10/2020, una semana después de haberse decretado el segundo estado de alarma, se informe en el programa Via Lliure de RAC1 que es posible que se contraten a estudiantes de último curso de Medicina y Enfermería para apoyar a los profesionales sanitarios? En el artículo 29 se especifica que “las autoridades sanitarias (…) deben tener planes de contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios de Salud Pública, atención primaria y atención hospitalaria”. Si todos los expertos vaticinaban una segunda ola de contagios en otoño, ¿dónde están estos planes de contingencia? Seguramente no existen y, por este motivo, nos encontramos donde nos encontramos. No se han preparado ni habilitado recintos feriales ni hospitales de campaña para atender sólo a los pacientes COVID-19. No se han definido equipos formados por un supervisor médico y estudiantes de último curso de Medicina y Enfermería para tratar a dichos pacientes. Los enfermos de COVID-19 que no están en UCI tienen un tratamiento que bien lo pueden realizar estudiantes de Medicina y Enfermería. En las ferias de las distintas ciudades de España se pueden montar infinidad de camas, sistemas de ventilación, incluso tratamientos pre-UCI o UCI’s y, de esta manera, separar por completo a los pacientes COVID-19 del circuito asistencial habitual. Medidas todas ellas encaminadas a no colapsar el sistema sanitario. Tampoco se ha aprovechado a las farmacias como agentes capaces de realizar test PCR, un test sencillo de realizar y aumentar la capacidad de rastreo. Como podemos ver, los dos capítulos que son responsabilidad de las administraciones públicas son las partidas que menos se han desarrollado. Y todos los expertos consultados siguen empeñados en limitar la movilidad y confinar a la población.
Está claro que el problema de la segunda ola no es ni los bares (perfecta cortina de humo que ha permitido eludir responsabilidades políticas) ni los encuentros familiares ni la movilidad laboral sino la falta de recursos de la administración pública para cumplir con las medidas que ella misma adopta y el ruido que hacen unos expertos que, por mucha bata blanca que vistan, se meten en áreas que no son de su incumbencia, que no comprenden ni son conscientes de las implicaciones que sus frivolidades suponen para la población.
Si en las licenciaturas de Medicina, Física, Enfermería… no se estudia Ciencias Políticas, Economía, Derecho, Sociología… ¿Por qué se convierten en tertulianos de radios, televisiones… y opinan de lo que no saben?
sergileal 